“No somos el vertedero de Trump”: Eswatini rechaza llegada de migrantes deportados por EE. UU
17/7/25
Por:
Mariana Pérez
Indignación en el país africano por política de deportaciones a “terceros países” implementada por Washington

El gobierno de Estados Unidos deportó recientemente a cinco migrantes hacia el pequeño reino africano de Eswatini, lo que ha desatado una ola de críticas dentro del país receptor. Los ciudadanos y líderes locales han calificado la acción como una imposición unilateral y han rechazado ser vistos como el “vertedero” de las políticas migratorias de la administración Trump.
Los deportados —originarios de Cuba, Jamaica, Vietnam, Laos y Yemen— fueron trasladados a Eswatini bajo la figura de “país tercero”, tras ser considerados inadmisibles en sus países de origen por tener antecedentes penales graves, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Las autoridades estadounidenses argumentaron que los individuos fueron condenados por delitos como asesinato y abuso infantil.
La medida se ampara en una reciente resolución de la Corte Suprema de EE. UU., que autoriza deportaciones rápidas sin necesidad de informar con antelación a los países receptores ni ofrecer audiencia a los migrantes afectados. En este caso, el gobierno de Eswatini recibió un aviso de solo seis horas antes de la llegada del grupo.
Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado su molestia. Se han convocado protestas y sesiones de emergencia para discutir los términos del acuerdo entre Eswatini y EE. UU. “Esto es una violación a nuestra soberanía. No nos consultaron. No somos el basurero de ninguna nación”, dijo un parlamentario local citado por medios africanos.
Aunque las autoridades de Eswatini han indicado que los migrantes están siendo retenidos de manera temporal con el apoyo de organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la situación ha puesto en evidencia las tensiones diplomáticas que puede generar la estrategia estadounidense de deportar a “terceros países”.
Expertos en derechos humanos han advertido que esta práctica podría vulnerar el principio de no devolución, el cual prohíbe enviar personas a lugares donde corren riesgo de sufrir tortura o malos tratos.
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